La corrupción y vínculos criminales comprometen la justicia en Honduras: expertos
La corrupción y los lazos con redes criminales están minando la credibilidad de los operadores de justicia en Honduras.
Los vínculos con redes criminales y actos de corrupción están socavando la labor de los operadores de justicia en Honduras, comprometiendo la integridad de los operadores de justicia.
La Policía Nacional, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Ministerio Público deben someterse a una reingeniería profunda para garantizar la transparencia en sus actuaciones, según expertos en la materia.
El sistema de justicia hondureño fue sacudido recientemente con la captura el pasado 17 de agosto del juez en materia de Criminalidad Organizada y Corrupción Marco Vallecillo, acusado de extorsionar a personas investigadas en casos de corrupción.
Vallecillo, según la información que ha trascendido en diversos medios, no entró al Poder Judicial por concurso sino por recomendaciones políticas desde el partido Libertad y Refundación (Libre).
El sociólogo Pablo Carías subraya la urgencia de que las distintas instancias encargadas de la investigación y el castigo de los delitos reflejen un compromiso real con la justicia en un país plagado por la corrupción.
“Un país rodeado por prácticas corruptas no puede tener operadores de justicia eficaces si no se toman medidas para enfrentarlas”, señala Carías.
Sin embargo, Carías advierte que no se debe permanecer pasivo ante la situación actual.
Aún existen figuras dentro de la institucionalidad que tienen la responsabilidad de dirigir los destinos del país y que deben liderar una estrategia para erradicar los vestigios de corrupción.
“Es necesario establecer normativas más rigurosas para la selección del personal en estas instancias. La interferencia política sigue siendo un problema grave”, lamenta.
Políticos y nombramientos
La politización de los nombramientos es otro factor que pasa factura al sistema de justicia.
Jueces consultados bajo anonimato revelan que no solo en administraciones anteriores, sino también en la actual, se están designando abogados recién graduados como jueces, lo que rompe con la meritocracia que debería caracterizar al sistema judicial.
“Se están nombrando personas sin concurso, favoreciendo a individuos por motivos políticos, lo cual ha causado un gran daño”, sostiene el abogado Kenneth Madrid.
Madrid añade que el Poder Judicial debe someterse a una certificación completa de sus empleados y funcionarios, dado que el Consejo de la Judicatura, hace más de una década, nombró a personas sin concurso y por razones políticas, deteriorando la estructura judicial.
“Es imperativo cambiar la cultura política que influye en el sistema judicial, policial y fiscal”, insiste Carías.
disciplinario, 5 fueron destituidos del cargo, 23 fueron cancelados por abandono de
labores, 47 suspendidos de sus cargos, 1 multado, 6 amonestados por escrito y a 34
servidores judiciales se les declaró inexistencia de responsabilidad disciplinaria.
Una estricta evaluación
Para Madrid, un paso crucial es la evaluación de las personas que ingresan al Poder Judicial, aplicándoles pruebas de confianza para asegurar que los funcionarios están del lado correcto de la ley.
“Solo así se puede garantizar que han llevado una vida acorde con lo que poseen y mejorar el perfil de los jueces”, afirma Madrid.
Los analistas coinciden en que el Poder Judicia debe mejorarse, certificando anualmente a todos los empleados y funcionarios.
“Es esencial que los operadores de justicia abandonen la camisa política partidaria para garantizar un poder judicial independiente, imparcial y transparente”, concluye Madrid.
En resumen, se requiere una reforma estructural que devuelva al Poder Judicial el sentido de justicia y responsabilidad que la sociedad hondureña demanda.
