Cohep pide ‘equilibrio financiero y transparencia’ en reforma a la Ley del Inprema
El Cohep manifestó su rechazo a la propuesta en la Ley del Inprema de incrementar en un 5 % la aportación patronal y reducir la edad de jubilación.
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) planteó este miércoles la necesidad de mantener un “equilibrio financiero” y garantizar la “transparencia” en la reforma de la Ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema).
Mediante un comunicado, la empresa privada señaló que “incrementar las cotizaciones y ampliar beneficios sin un sustento actuarial razonable; y sin garantizar un equilibrio financiero es una medida irresponsable”.
Además, la organización empresarial enfatizó que las reformas deben estar respaldadas por estudios actuariales rigurosos que aseguren la viabilidad a largo plazo del Inprema.
Según el Cohep, la falta de un respaldo actuarial sólido podría aumentar el déficit del Inprema y llevarlo a la insolvencia en un futuro cercano, afectando a miles de maestros.
Por lo anterior, el organismo cúpula empresarial demandó transparencia en el proceso de reforma, una cuestión que mantiene en alerta al magisterio a nivel nacional.
“Exigimos que todos los documentos, estudios actuariales y análisis que respaldan estas decisiones sean compartidos con todos los actores involucrados. Solo a través de un proceso abierto y participativo se podrán tomar decisiones informadas; que aseguren el bienestar de todos los afiliados al Inprema y sus familias”, subrayó el Cohep.
Reducción de años de jubilación
Sobre la propuesta de reducir la edad de jubilación de 59 a 55 años, el Cohep se opone “firmemente”, asimismo a los años de servicio, de 25a 20 años.
“Nos oponemos firmemente a la reducción de la edad de jubilación de 59 a 55 años y reducción del tiempo de servicio de 25 a 20 años”, reiteró la entidad en su pronunciamiento.
El Cohep argumentó que, en un contexto global en el que muchos países están aumentando la edad de jubilación debido a las tendencias demográficas y económicas; retroceder en esta medida pondría en riesgo la sostenibilidad del sistema de pensiones y aumentaría la presión sobre los recursos financieros del Inprema.
Asimismo, la organización rechazó la propuesta de incrementar la aportación patronal en un 5 %, advirtiendo que este aumento, en un entorno económico difícil, afectaría la viabilidad financiera de las escuelas y colegios.
De igual forma, generaría una mayor carga económica para el sector educativo y las familias hondureñas.
Oposición del Cohep
El Cohep también manifestó su oposición a la creación de un nuevo ente regulador para supervisar los fondos de pensiones, considerando más apropiado fortalecer a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
Según el organismo empresarial, la CNBS tiene la experiencia y capacidad técnica para supervisar el sistema de pensiones en el país; y la creación de un nuevo ente generaría duplicidad de funciones y podría diluir la responsabilidad.
Finalmente, se refirió a la nómina de candidatos a directores del Inprema, sugiriendo que ésta sea evaluada por un órgano externo al instituto.
La selección de los tres miembros, según el Cohep, debería ser realizada por la Asamblea de Participantes y Aportantes del Inprema por simple mayoría. Esto, en línea con el Convenio 144 de la OIT, para evitar la politización de la institución.
Reforma a la Ley de Inprema
La iniciativa presentada por el presidente de la Comisión de Educación del CN, Edgardo Casaña, propone que los maestros con 25 años de servicio se jubilen a los 55 años.
Esta reforma busca garantizar una jubilación “digna” para los docentes, según el también vicepresidente del Legislativo.
La actual ley establece que la edad para que los maestros se jubilen es a los 60 años, con 30 años de servicio.
Otro de los puntos que abarca la reforma de la ley es la cobertura de seguridad social a familiares de los docentes; y bonos a las maestras al momento de cumplir 50 años de edad.
Casaña informó sobre el ingreso del dictamen final del proyecto de reforma a la Ley del Inprema, el que llegó acompañado de un informe y dictamen actuarial de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Educación.